Un Chile

que crezca para todos

Propuesta para el Desarrollo y crecimiento del pais

Parlamentarios PS

En el marco de la discusión de La Ley de los Super Ricos: (Mensaje N° 018-374)

Mayo de 2026

I. El Chile que queremos construir

Chile quiere desarrollo y crecimiento, pero que este llegue a la vida de todas y todos. No una promesa de chorreo que llega poco o no llega.

El país necesita crecer. Eso no está en discusión. Pero no cualquier crecimiento. Crecer importa si mejora la vida concreta de la mayoría: salario, empleo, vivienda, arriendo, alimentación, salud, educación, transporte, seguridad económica, tiempo para vivir y regiones con futuro. Si la economía crece y la gente sigue endeudada, si sube el producto pero no mejoran las condiciones de vida, si aumenta la inversión pero no llega empleo digno a los territorios, entonces no hay desarrollo. Hay más riqueza, pero concentrada donde siempre.

Necesitamos crecimiento para un desarrollo sostenible. Un desarrollo que convierta producción en bienestar, productividad en mejores salarios, recursos naturales en valor agregado, recaudación fiscal en derechos, infraestructura y capacidades públicas. El PIB mide actividad económica, pero no mide por sí solo distribución, bienestar, seguridad social ni capacidades reales de las personas. Esa advertencia fue formulada con claridad por Stiglitz, Sen y Fitoussi en su informe sobre los límites del PIB como indicador de progreso social (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009), y ha sido reiterada por el enfoque de desarrollo humano del PNUD (PNUD, 2025). Chile no necesita crecer para engordar balances. Necesita crecer para vivir mejor.

El escenario internacional hace más grave el error del Gobierno. Estados Unidos está cambiando las reglas de la economía mundial con aranceles, relocalización industrial, subsidios a semiconductores, disputa por cadenas logísticas y defensa de sectores estratégicos. China lleva décadas combinando planificación estatal, financiamiento público, industria, ciencia, tecnología y comercio exterior para subir en la cadena global de valor. Europa, aun con contradicciones, también discute soberanía industrial, energía, tecnologías limpias y seguridad de suministros. Nadie que mire seriamente el mundo actual puede decir que basta con bajar impuestos al capital y esperar que el mercado ordene el país. Sin Estado capaz, sin industria, sin tecnología, sin energía, sin agua y sin territorio ordenado, no hay soberanía económica.

En un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el aumento de conflictos socioambientales, Chile necesita fortalecer su institucionalidad ambiental, no debilitarla. Acelerar buenos proyectos no significa bajar estándares. Significa un estado más técnico, más rápido, más transparente y más capaz.

La modernización del sistema de permisos debe orientarse a mejorar la capacidad técnica del Estado, reducir duplicidades administrativas y entregar mayor certeza jurídica, pero sin retroceder en estándares de protección ambiental ni limitar el derecho de las comunidades a participar de decisiones que afectan sus territorios. “Una agenda seria de desarrollo sostenible debe compatibilizar inversión y crecimiento con protección ecosistémica, resguardo de los bienes comunes y defensa del patrimonio natural y ambiental del país, fortaleciendo los servicios públicos y promoviendo procesos de evaluación más transparentes, trazables y técnicamente robustos.

Frente a una propuesta que concentra decisiones, reduce controles y abre espacios de discrecionalidad regulatoria, proponemos una alternativa basada en eficiencia con resguardo ambiental. Esto implica acelerar proyectos sostenibles mediante mejor coordinación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades técnicas y digitalización de procesos, manteniendo evaluaciones rigurosas, participación ciudadana efectiva y estándares claros establecidos por ley. Chile no puede enfrentar la crisis climática debilitando las reglas que protegen el agua, los ecosistemas, los bienes comunes, el patrimonio natural y ambiental y la salud de las personas. La verdadera certeza para el desarrollo no se construye sobre la desregulación, sino sobre instituciones sólidas, reglas claras y confianza pública.

En esta hora grave, el Gobierno de Kast propone una receta vieja. Rebajar impuestos a quienes más tienen, debilitar la caja fiscal, entregar invariabilidad por 25 años y confiar en un mercado libre y desregulado. Eso no es modernización. Es regresión vestida de lenguaje técnico.

El Proyecto mal llamado de “Reconstrucción Nacional” tiene un problema de origen. Se presenta como reconstrucción, pero su corazón es una rebaja tributaria al gran capital. Baja el Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23%, avanza hacia la integración total del sistema tributario, elimina el impuesto a las ganancias bursátiles del artículo 107, entrega invariabilidad tributaria por 25 años a grandes inversionistas, abre una nueva repatriación de capitales con tasa reducida y reorganiza el FUT histórico al 10%.

El costo fiscal se estima en torno a 4.000 millones de dólares anuales. Es dinero público que deja de financiar Estado, inversión estratégica, seguridad económica, infraestructura, innovación, educación, salud, transporte y desarrollo regional. Es margen de acción que el país pierde. Es recaudación que se entrega, en lo sustantivo, a quienes ya concentran renta, patrimonio y poder económico.

La distribución del beneficio tampoco es neutra. Por cada punto de rebaja del Impuesto de Primera Categoría, el 79,1% del beneficio llega al 1% de más altos ingresos. El 49,1% llega al 0,01% más alto: 1.505 personas que recibirían en promedio 100,5 millones de pesos al año por cada punto de rebaja. En el 50% inferior, el beneficio promedio sería de 2.445 pesos anuales. La brecha es brutal: 41.089 veces, según cifras del debate tributario levantadas desde Hacienda en 2026.

Eso no es política de desarrollo. Es política de clase.

Estamos de acuerdo con discutir aumentar la competitividad tributaria, pero rechazamos una rebaja al gran capital sin compensación, sin condiciones, sin trazabilidad, sin empleo verificable y sin justicia tributaria. No creemos que regalar recaudación fiscal como plantea el gobierno a los más ricos sea el camino al desarrollo de Chile. Un país que quiere desarrollarse necesita más capacidades públicas, no menos. Necesita planificación productiva, ordenamiento territorial justo, seguridad hídrica, soberanía energética, ciencia, tecnología, digitalización pyme, educación moderna, empleo formal y valor agregado en regiones. Nada de eso se construye reduciendo la caja fiscal para entregar certezas al capital y dejar a las familias con promesas.

Los socialistas proponemos este paquete de indicaciones porque buscamos una compensación social inmediata y una corrección de largo plazo. La economía de los hogares ya recibió un golpe con el bencinazo. Después vino el ajuste cotidiano: cuentas más caras, transporte más pesado, alimentación, arriendo, dividendo, remedios y deuda. Frente a la dificultad de las familias chilenas, el Gobierno no presenta un plan serio para proteger a la gente. Presenta una rebaja al gran capital.

Esa es la contradicción central. Cuando se trata de familias, el Gobierno habla de estrechez fiscal. Cuando se trata de grandes grupos económicos, abre espacio para rebajas, exenciones, integración, invariabilidad y perdonazos. Para los hogares, sacrificio. Para el capital, garantía. Para la mayoría, espera. Para los de arriba, certeza inmediata.

El Estado es el principal instrumento que tienen las chilenas y los chilenos para enfrentar desigualdades históricas. No porque el Estado lo resuelva todo por sí solo, sino porque sin Estado capaz no hay fuerza colectiva suficiente para compensar una desigualdad que se reproduce generación tras generación. Unos pocos heredan patrimonio, redes, suelo, capital, empresas y poder de decisión. La mayoría entrega su vida al trabajo y aun así enfrenta enormes dificultades para comprar una vivienda, pagar alimentación, financiar combustibles necesarios para trabajar o producir, sostener la salud familiar, educar a sus hijos y proyectar una vida con seguridad.

La desigualdad no es sólo un problema moral. También ordena el poder. Cuando la riqueza se concentra demasiado, la democracia se vuelve más frágil, las políticas públicas se capturan con más facilidad y las instituciones dejan de responder a la mayoría. Piketty lo plantea con claridad: la resistencia de las élites es una realidad histórica, pero la igualdad no avanza sólo con indignación. Requiere instituciones, impuestos, deliberación democrática y organización política concreta (Piketty, 2021).

Un sistema que da certeza es también un sistema que no deja espacio a la corrupción. Cuando el Estado entrega beneficios tributarios masivos al capital concentrado, sin reglas estrictas de probidad, transparencia y trazabilidad, se abre paso a la captura del poder público por intereses privados. La corrupción profundiza la desigualdad: privilegia a quienes tienen redes, abogados y lobby, mientras a las pymes, los trabajadores y las regiones se les dice que no hay margen fiscal. Por eso, en este paquete proponemos indicaciones específicas para resguardar la probidad y la transparencia en la administración tributaria del proyecto: levantamiento del secreto bancario para quien recibe beneficios, registro público de empresas acogidas a invariabilidad, exclusión expresa de bienes y rentas vinculados a investigaciones penales por delitos tributarios, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Sin probidad no hay desarrollo. Y un beneficio tributario sin trazabilidad pública es un beneficio sospechoso.

La justicia tributaria que defendemos no se agota en condicionar al gran capital. También exige proteger a quienes producen, contratan y sostienen el empleo formal en regiones: las pequeñas y medianas empresas. Por eso este paquete contiene dos exigencias que el proyecto del Gobierno no recoge. Primero, mantener en forma permanente la tasa del 12,5% del Impuesto de Primera Categoría para las empresas acogidas al régimen Pro Pyme, hoy fijada como transitoria por la Ley N° 21.755 hasta el año comercial 2027 y con retorno a 25% en 2029. Si el Gobierno destina cuatro mil millones de dólares anuales a rebajar impuestos al gran capital, lo mínimo es asegurarle estabilidad tributaria a las pymes que generan más del 60% del empleo nacional. Segundo, asegurar el pago efectivo a treinta días corridos a las pymes proveedoras, con un tope absoluto de sesenta días en casos excepcionales, modificando el artículo 2° de la Ley N° 19.983. Hoy el pago a 30 días existe en la ley pero es burlado por cláusulas de excepción sin límite. Esa práctica abusiva mata pymes todos los meses. La justicia tributaria empieza por ahí.

El proyecto no asegura inversión real, no asegura empleo verificable, no asegura mejores salarios, no asegura encadenamiento productivo, no asegura desarrollo regional. Asegura rebajas tributarias a quienes tienen más capacidad de capturar beneficios. Para las familias, en cambio, ofrece alivios débiles, mal focalizados o capturados por intermediarios.

La exención de contribuciones a adultos mayores que propone el proyecto puede beneficiar incluso a propietarios de altos ingresos y golpea al Fondo Común Municipal en alrededor de 300 millones de dólares al año. Esa cifra no es menor. Es dinero que deja de financiar áreas verdes, atención primaria de salud, educación municipal, seguridad ciudadana, programas sociales, viviendas de emergencia, recolección de residuos y subsidios al consumo en las comunas más pobres del país. Justamente las comunas que más dependen del Fondo Común Municipal son las que sostienen, con menos recursos, la red de protección social del territorio.

Los municipios han criticado transversalmente esta medida. Es que quienes trabajan día a día enfrentando las necesidades de los habitantes de nuestro país saben perfectamente el daño que esto genera. Pero no solo se trata del impacto en las arcas municipales, sino que también se trata de un acto profundamente injusto: ¿por qué dejará de pagar contribuciones a una mansión en el sector oriente de Santiago solo porque su dueño tiene más 65 años? No se entiende, Chile no lo entiende.

Por eso decimos con claridad: los municipios son motor de desarrollo. Son la cara del Estado en cada territorio. Son quienes responden cuando hay inundaciones, incendios, sequía, terremotos. Quitarles 300 millones de dólares anuales sin compensación es debilitar la red más fina de protección social del país. La exención de contribuciones, en su redacción actual, es un golpe estructural al municipio chileno. Y abre una pregunta institucional mayor: ¿por qué seguimos financiando los municipios con un esquema diseñado hace tres décadas, cuando el país, las comunas y las demandas ciudadanas ya cambiaron? Treinta años después de Rentas II, Chile necesita una nueva arquitectura de financiamiento municipal acorde a un Estado descentralizado del siglo XXI: una Nueva Ley de Rentas Municipales, Rentas III. Las indicaciones que presentamos en este paquete dan los primeros pasos: focalización estricta de la exención de contribuciones, compensación íntegra y automática al Fondo Común Municipal con cargo a Tesorería, devolución del IVA municipal al FCM y exención del Impuesto Específico a los Combustibles a los municipios. Pero el debate pendiente es mayor: una nueva ley orgánica de rentas, descentralización tributaria efectiva y autonomía financiera real para los gobiernos locales.

El proyecto del gobierno  aumenta el déficit por casi nueve años, más de dos mandatos presidenciales, mientras el Gobierno habla de emergencia fiscal cuando le conviene pedir sacrificio a la mayoría. El Consejo Fiscal Autónomo ya advirtió el descalce entre costos fiscales ciertos y beneficios futuros inciertos del proyecto (CFA, 2026).

¿A quién beneficia realmente este proyecto? Beneficia a una clase social de altísimos ingresos que nunca aceptó plenamente los avances que la democracia chilena fue construyendo desde la recuperación de la democracia. Avances y consensos transversales que, con todas sus imperfecciones, reconocieron derechos sociales, protección pública, municipios más fuertes y un Estado con capacidades que deben seguir desarrollándose. Para esa clase, cada derecho social es costo, cada impuesto es castigo, cada regulación es obstáculo y cada capacidad pública es amenaza.

Chile será más inseguro si este proyecto se aprueba en su estado actual. Será menos estable y más desigual si se rebaja la carga al capital concentrado mientras se deja intacta la carga diaria que pagan los hogares a través del IVA, la deuda, las cuentas, el arriendo, el transporte y los medicamentos. Será más débil si el Estado pierde recursos permanentes justo cuando el país necesita más inversión estratégica, más protección social, más planificación territorial y más capacidad productiva.

Las rebajas de impuestos a un sector deben tener compensación fiscal por otra vía. Las y los socialistas no confundimos compensación con adhesión. No proponemos una rebaja por abajo para justificar una rebaja por arriba. Planteamos otra cosa: si el Gobierno insiste en transferir miles de millones hacia arriba, entonces debe existir compensación social inmediata para quienes cargan todos los días con el costo real de vivir en Chile. La rebaja al capital en los términos propuestos por el gobierno, debe frenarse, corregirse, condicionarse, compensarse y fiscalizarse.

Por eso presentaremos un paquete de indicaciones sobre la base de estos tres ejes progresistas para Chile. No para encubrir una reforma regresiva, sino para cambiar su orientación. Para que la reconstrucción nacional no sea reconstrucción del privilegio.

El desafío que nos impone el futuro.

El mundo está cambiando a una velocidad que la política chilena todavía no procesa. Tres transformaciones simultáneas están redefiniendo las posibilidades de cada país en este momento histórico.

La primera es la revolución tecnológica. La inteligencia artificial generativa, la automatización avanzada, la biotecnología y la economía de datos están reorganizando la producción global. Lo que viene no es una ola más de modernización; es una reconfiguración estructural del trabajo y de cómo se generan y se capturan las rentas. Los países que no construyan capacidades tecnológicas propias quedarán como consumidores netos de tecnología hecha por otros, exportando datos y mano de obra barata, importando productos de alto valor. Y hay un riesgo adicional menos visible: unas pocas plataformas globales hoy convierten cada gesto humano en dato comercializable, lo que está produciendo una nueva forma de concentración del poder económico que algunos llaman tecnofeudalismo. Quien no controla sus datos, no controla su economía.

La segunda es la crisis climática. La transición energética dejó de ser una promesa lejana y se transformó en una carrera real, con ganadores y perdedores que se están definiendo en esta misma década. Los países que avancen en hidrógeno verde, almacenamiento, electromovilidad e infraestructura hídrica capturarán las cadenas de valor del siglo. Los que no, quedarán importando lo que pudieron producir. Chile tiene en el desierto de Atacama, en sus más de 4.500 kilómetros de costa, en su radiación solar y en sus vientos un activo estratégico mundial. La pregunta es si lo aprovecharemos como dueños o como bodega de materias primas.

La tercera es la crisis de la democracia. La economía política comparada de las últimas décadas, sintetizada en los trabajos del Premio Nobel 2024 Daron Acemoglu, demostró algo que la política chilena debiera tomar en serio: las naciones prosperan cuando construyen instituciones inclusivas, las que abren acceso a oportunidades para la mayoría, y fracasan cuando dejan que se consoliden instituciones extractivas, las que concentran rentas en una élite. Hoy avanza en muchos países un modelo extractivo de nuevo tipo. Derechas autoritarias financiadas por capitales globales, que usan redes sociales y desinformación para llegar al poder y desmantelar derechos. Esto constituye un riesgo para la democracia.

Chile de cara al momento histórico

Chile llega a esta encrucijada con desafios enormes. Llevamos una década de crecimiento por debajo del 2% promedio. La concentración de la riqueza alcanzó niveles extremos: el 1% más rico controla más del 50% del patrimonio total del país, según los propios datos del Ministerio de Hacienda. La pobreza por ingresos afecta a 3,4 millones de personas según la CASEN 2024. La evidencia comparada de las últimas décadas dejó claro un patrón que en Chile se repite con especial intensidad: cuando una sociedad concentra demasiado la riqueza, crece menos, innova menos y termina con instituciones democráticas más frágiles.

Sin embargo, el país tiene cartas de sobra. Tenemos talento humano formado y disponible. Tenemos instituciones públicas que, con todas sus imperfecciones, siguen funcionando. Tenemos una posición geográfica privilegiada con una de las costas más extensas del planeta y el mejor desierto solar del mundo. Tenemos pymes y agricultura familiar que sostienen a millones de hogares. Tenemos investigación científica de calidad. Tenemos energía, agua y minerales estratégicos para la transición energética global. El problema chileno no es la falta de recursos. El problema es que estamos discutiendo el crecimiento del modo equivocado.

Nuestra propuesta: Un Chile que crece para todos.

Lo que ponemos sobre la mesa con esta propuesta es una idea distinta de país, un Chile que crece para todos. Es la convicción de que el crecimiento debe llegar a la mesa, al sueldo, al barrio, a la comuna y a las regiones. Una prosperidad compartida. Que la economía chilena del próximo cuarto de siglo se construye con la mayoría que sostiene la actividad cada día. Que las decisiones estratégicas sobre energía, agua, océano, talento y conocimiento son tareas del Estado y de la sociedad, y no concesiones gratuitas al capital privado. La evidencia internacional es categórica: no hay Silicon Valley sin financiamiento público a la investigación básica desde el estado, no hay industria farmacéutica desarrollada sin aporte estatal a la ciencia fundamental, no hay transición energética sin política industrial activa. El Estado emprendedor es la condición material del desarrollo en los países que crecen sostenidamente.

Nuestra propuesta se ordena en tres ejes que traspasa gobiernos: el alivio inmediato a las familias, un Chile con empleo digno y un Chile que mira al 2050. Cada eje responde a una pregunta política concreta. Qué hacemos con las familias que hoy no llegan a fin de mes. Qué hacemos para que el empleo en Chile vuelva a ser una herramienta de inclusión y no de precariedad. Para dónde va Chile en los próximos veinticinco años. Esas tres preguntas no están en el proyecto del Gobierno, y es a lo que estamos convocados a responder.

Eje 1: Alivio familiar. Que el bolsillo de los hogares no pague la cuenta del 1% más rico.

Las familias chilenas viven una crisis silenciosa de costo de vida que la macroeconomía oficial no ve, pero que cada hogar siente cada mes. El precio de la luz subió por encima de la inflación. El arriendo se come una fracción cada vez mayor del ingreso disponible. Los medicamentos, en muchos casos, se compran con tarjeta o se postergan. La deuda, y los registros Dicom mantienen a millones de personas en una marginación financiera de la que no pueden salir aunque quieran. Esa realidad es la que el proyecto del Gobierno omite por completo.

La política económica nunca es solo asignación de recursos. Es decisión sobre qué vidas merecen reconocimiento social, qué trabajos consideramos dignos de protección, qué hogares importan en el cálculo público. Cuando el Estado destina cuatro mil millones de dólares al año a rebajas tributarias para el capital concentrado mientras le dice a las familias que no hay caja para protegerlas del costo de vida, está tomando una posición moral, no solo técnica. Esa es la posición que rechazamos.

Las medidas de este eje son concretas, financiadas y verificables. Devolución mensual del IVA pagado en canasta básica, servicios básicos, medicamentos e internet vía Bolsillo Familiar Electrónico para el sesenta por ciento más vulnerable. Eliminación del Dicom histórico. Consagración legal del derecho al olvido financiero. Regularización extraordinaria de deudas. Exención temporal de Timbres y Estampillas para primera vivienda. Crédito tributario por arriendo. Devolución íntegra del IVA al comprador, para financiar el pie y no a la inmobiliaria. Crédito por cuidado no remunerado. Eliminacion del impuesto especifico a los combustibles a  Bomberos y Unidades de búsqueda y rescate.

Proteger a quienes trabajan nuestro campo,  aliviando el bolsillo a quienes sostienen la pequeña agricultura, estableciendo una rebaja transitoria de contribuciones para predios pertenecientes a usuarios INDAP o Agricultura Familiar Campesina afectados por emergencia agrícola o catástrofe y crear un crédito tributario especial para cooperativas agrícolas, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas que inviertan en infraestructura hídrica compartida

Estas son medidas para familias que no viven de promedios macroeconómicos, sino de ingresos disponibles, precios, deudas y cuentas que llegan todos los meses.

Eje 2: Empleo digno. Trabajo decente como pilar del crecimiento.

El futuro del trabajo es el debate más urgente de la economía mundial actual. La automatización, la inteligencia artificial generativa y la robotización avanzada están reorganizando sectores enteros. El cambio que viene es estructural, no cíclico, y ya se está viendo: ocupaciones que parecían seguras hace cinco años se están automatizando, mientras emergen nuevas categorías de trabajo que requieren capacidades distintas. El problema central no es la tecnología en sí. Es quién captura sus beneficios y quién paga sus costos. Si Chile no toma posición pronto, será espectador de una transformación que se decidirá en otras partes y nos llegará como producto final.

Chile no puede entrar a ese ciclo con un mercado laboral que excluye sistemáticamente a las mujeres jefas de hogar, que precariza el primer empleo de los jóvenes y que castiga a quienes pierden su trabajo con cesantía sin reconversión. La economía de los cuidados es infraestructura social, no un problema doméstico. Sin ella, ningún sistema productivo funciona. La sala cuna universal no es una concesión a las trabajadoras. Es la condición material para que millones de mujeres puedan participar plenamente del mercado laboral. Es inversión en productividad nacional.

Las medidas de este eje atacan los cuellos de botella concretos del empleo chileno. Subsidio al empleo formal de mujeres jefas de hogar. Subsidio al primer empleo formal de jóvenes menores de veintinueve años. Plan Nacional de Capacitación y Reconversión Laboral con costo cero para personas cesantes. Sala cuna universal financiada con cotización empleadora paritaria, sin distinción de género. Reemplazo del crédito tributario al empleo del proyecto del Gobierno —que el Consejo Fiscal Autónomo calificó como técnicamente inconsistente— por un fortalecimiento sustantivo del Subsidio Unificado al Empleo, con foco en mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores migrantes regulares. A este eje sumamos un bloque sustantivo de defensa y modernización del SENCE, instrumento clave para la formación, la reconversión laboral y la productividad de las pymes, que el proyecto del Ejecutivo debilita en lugar de fortalecer.

Eje 3: Chile 2050: Un país Desarrollado, sustentable, moderno y feliz.

La economía chilena del próximo cuarto de siglo se decide en este momento. Las decisiones que tomemos hoy sobre matriz energética, seguridad hídrica, soberanía oceánica, soberanía y seguridad alimentaria, agricultura familiar, desarrollo sostenible, pequeña minería con valor agregado, capacidad pyme, ciencia, tecnología y educación pública definirán si Chile entra al 2050 como país desarrollado o como exportador permanente de materias primas. La lección que dejan los países que crecen sostenidamente es la misma que hace dos años validó el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu: las naciones fracasan o prosperan según las instituciones que construyen. Las instituciones inclusivas, las que distribuyen oportunidades, son la condición del crecimiento sostenido. Las extractivas generan ciclos cortos de bonanza para pocos y desigualdad estructural para todos los demás.

Chile tiene cuatro soberanías estratégicas que debe construir o consolidar en los próximos años.

La soberanía energética. El desierto de Atacama es la mejor reserva solar del planeta. Nuestra costa permite producir hidrógeno verde competitivo a escala mundial. Esa ventaja no se aprovechará sola. Requiere infraestructura de transmisión, almacenamiento, encadenamiento productivo regional y capacidad de exportación. La medida que proponemos en este eje, el Plan Nacional de Soberanía Energética con crédito tributario condicionado a un cuarenta por ciento de proveedores y mano de obra regional, es la base institucional de esa apuesta. Chile requiere un Plan “Mi Hogar Solar” para que las familias chilenas también sean parte de la transición energética y no solo consumidoras de tarifas en alza.

La soberanía hídrica. Chile vive una crisis hídrica estructural en gran parte de su territorio. La economía agrícola, minera, sanitaria y urbana de las regiones del centro y norte depende de decisiones que se están postergando hace años. Hoy se continúa viendo que la distribución de agua potable en camiones aljibe es tomado como una “emergencia” pero lejos de una emergencia circunstancial ha sido permanente por años e incluso un problema sistematizado. Planteamos crear un Fondo de Reconstrucción Hídrica como la primera respuesta de escala a un problema que no puede seguir siendo abordado con anuncios. La desalación entre otras medidas es una respuesta a una crisis que debemos solucionar.

En materia de recursos hídricos la prioridad debiera estar centrada en el consumo humano y la pequeña agricultura. Proponemos avanzar en un programa y un fast-track de medidas para la infraestructura hídrica rural

La soberanía oceánica. Chile administra una superficie marítima superior al doble de su territorio terrestre. Allí hay pesca artesanal que sostiene a comunidades costeras enteras, acuicultura sostenible, energía mareomotriz, biodiversidad estratégica para la industria farmacéutica y biotecnológica del siglo, rutas de cabotaje subutilizadas y un potencial de carbono azul que el mundo recién está empezando a valorizar. Hoy el océano chileno se administra de manera fragmentada, con concesiones que no capturan rentas suficientes para el Estado, y con la pesca artesanal en condiciones de precariedad. Esta propuesta abre el debate por una política oceánica integrada, encadenamiento productivo costero, protección de la pesca artesanal e investigación marina aplicada. Las indicaciones específicas en estas materias forman parte del articulado que se anexa.

La soberanía del talento, los datos y la educación. Chile no puede competir en la economía del siglo veintiuno con un sistema escolar que no enseña inglés ni programación a la mayoría de sus niños y niñas. Tampoco puede pretender soberanía digital con una matriz pyme que no accede a tecnología. La propuesta Chile Trilingüe —español, inglés y programación desde la educación basica— y los créditos para pymes en digitalización, ciberseguridad e inteligencia artificial son la base del salto productivo que el país necesita. La ampliación del régimen tributario de I+D para pymes, con elevación del límite anual y reconocimiento de gastos en formación tecnológica avanzada, completa el marco. Chile debe apostar a invertir a lo menos el 1% de su presupuesto en Innovación y Desarrollo.

Existen dos sectores estratégicos que sostienen a cientos de miles de familias en regiones y que el modelo actual ha tratado como residuales: la agricultura familiar campesina y la pequeña minería. La agricultura familiar es la base de la soberanía alimentaria del país y un pilar fundamental del empleo en la ruralidad nacional que produce exclusivamente para la mesa chilena. Sostiene la mesa chilena, abastece los mercados locales y mantiene viva la cultura productiva rural. La pequeña minería sostiene la economía de comunas enteras del norte, donde generaciones completas han trabajado en pirquenes, plantas de procesamiento y faenas de mediana escala. Ambos sectores requieren créditos productivos focalizados, mecanismos de comercialización justa, encadenamiento con la agroindustria y con la mediana minería de mayor escala, e instrumentos de protección frente a la volatilidad de precios internacionales.  

Nuestra propuesta representa una oportunidad para corregir y mejorar el sistema actual, poniéndolo verdaderamente al servicio de las personas y no al revés. La creación del Registro Especial de Subsistencia —mediante la Resolución Exenta SII Nº193 de 2025— introdujo una burocracia innecesaria sobre actividades que históricamente han sido libres, autónomas y esenciales para la subsistencia de miles de familias en todo el país, y proponemos modificarlo.  Estas actividades no constituyen emprendimientos formales ni empresas, sino formas básicas y tradicionales de generación de ingresos, muchas veces complementarias y estacionales.

Justicia tributaria como pilar

A esos tres ejes se suma una línea de defensa fiscal y justicia tributaria. Proponemos suprimir las medidas más regresivas del proyecto y condicionar cualquier beneficio al capital, exigiéndole inversión real y empleo verificable. Establecer gatillos fiscales si las promesas del Gobierno no se cumplen.

La pregunta de fondo no es entonces si Chile debe crecer. Debe crecer, y todos estamos de acuerdo. La pregunta es para qué, para quién y bajo qué reglas. Por ello, este grupo de parlamentarios socialistas respondemos con claridad: Chile quiere desarrollo. Desarrollo para vivir mejor, no para engordar balances. Desarrollo para las personas, para la gente, para la mayoría. Un desarrollo que necesita un Estado capaz, trabajo digno, hogares aliviados, regiones productivas, planificación territorial justa, institucionalidad ambiental sólida, municipios fuertes, justicia tributaria y futuro compartido.

Chile no necesita una ley para los súper ricos. Necesita una ley para que la gente construya un país para todos.

II. Los diez problemas del proyecto del Gobierno

Esta sección sintetiza los principales reparos técnicos y políticos al Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional ingresado por el Ejecutivo. Los diagnósticos provienen de organismos técnicos independientes, ex autoridades económicas de distinto signo político y datos del propio Ministerio de Hacienda. La conclusión es transversal: el proyecto es fiscalmente inviable, regresivo en su distribución del beneficio, y carece de contraprestaciones verificables para el resto de la sociedad.

Problema 1. Costo fiscal masivo, sin financiamiento suficiente

El Consejo Fiscal Autónomo determinó que en 2026 falta por financiar el 62,2% del impacto fiscal de las medidas del proyecto que reducen ingresos para el Estado. La cifra se mantiene crítica los años siguientes: 38,7% en 2027, 51,9% en 2028, 46,9% en 2029 y 35% en 2030. Las fuentes de financiamiento incorporadas por el Gobierno no compensan los menores ingresos fiscales. Más grave aún, el CFA detectó que la rebaja del impuesto de primera categoria se financia parcialmente con ingresos proyectados por otras medidas del mismo proyecto, configurando una estructura de financiamiento cruzado donde los supuestos se encadenan. Si cualquier medida no rinde lo proyectado, el déficit de las demás se amplía adicionalmente. Es un castillo de naipes fiscal.

Problema 2. Déficit fiscal estructural hasta más allá de 2031

El CFA fue categórico: el proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto del crecimiento económico proyectado por el Gobierno. Sin considerar ese efecto, el deterioro fiscal permanente alcanza 0,43% del PIB en régimen, con un peak de 0,71% del PIB en 2030. El gasto fiscal se compromete con alta certeza en el corto plazo, mientras los beneficios proyectados dependen de un crecimiento futuro incierto. Es lo que el Consejo describió como un descalce estructural entre costos y beneficios fiscales del proyecto.

Problema 3. El beneficio se concentra en el 1% más rico

Según el Informe de Estadísticas Tributarias del Ministerio de Hacienda de marzo de 2026, por cada punto porcentual de reducción del Impuesto de Primera Categoría, el 79,1% del beneficio fiscal recae en el 1% de contribuyentes de más altos ingresos. El 49,1% recae en el 0,01% más alto, un grupo de solo 1.505 personas que recibe en promedio $100,5 millones al año por cada punto de rebaja. Cada persona del 50% inferior recibe $2.445 anuales. La brecha es de 41.089 veces. El proyecto del Gobierno propone una rebaja de cuatro puntos del impuesto de primera categoría.

Problema 4. Invariabilidad tributaria de 25 años: una aventura sin retorno

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, calificó esta semana el proyecto como una iniciativa extremadamente riesgosa y una aventura sin retorno. Su crítica central apunta a la combinación de rebaja agresiva del IDPC con invariabilidad tributaria por veinticinco años para inversiones sobre cincuenta millones de dólares. Esa cláusula amarra la política tributaria de Chile por más de seis mandatos presidenciales, eliminando la capacidad de los gobiernos futuros de corregir errores y de responder a catástrofes naturales o crisis económicas con tributos extraordinarios sobre las inversiones acogidas al régimen.

Problema 5. El crédito tributario al empleo: una inconsistencia técnicamente imposible

El crédito tributario al empleo es la segunda medida de mayor costo fiscal del proyecto, con un peak de 0,41% del PIB en 2027. El CFA detectó dos problemas graves. Primero, el diseño abre espacios para planificación tributaria abusiva: fragmentación de contratos, uso de múltiples RUT, reclasificación de remuneraciones como viáticos. Segundo, una inconsistencia técnica que el propio CFA describe como imposible: los parámetros del crédito están definidos en términos nominales, por lo que la cobertura de beneficiarios decrece en el tiempo y el costo fiscal converge a cero hacia 2050. Sin embargo, el modelo del Gobierno proyecta que el efecto sobre el crecimiento económico aumenta en ese mismo horizonte. Un instrumento con cobertura decreciente no puede generar efectos crecientes sobre el crecimiento. Es contradicción contable, no diferencia de criterio. El propio ministro de hacienda ha señalado en la discusión del proyecto, que esta medida “no garantiza creación de empleo”

Problema 6. Pasivo contingente ilimitado por anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental

El proyecto establece que si los tribunales anulan una Resolución de Calificación Ambiental, el Estado debe reembolsar al inversionista los gastos ya ejecutados. El CFA detectó que esta obligación fiscal no contempla estimación de costo, ni techo en monto, ni límite de acumulación de gastos elegibles, ni cláusula de gasto máximo. El Estado asume un pasivo contingente potencialmente ilimitado que no está siendo contabilizado como tal en el análisis fiscal del proyecto. La existencia misma del mecanismo puede incentivar a más inversionistas a avanzar en proyectos riesgosos, ampliando el costo potencial. Es un cheque en blanco firmado por el fisco a favor de quienes asuman riesgos ambientales sin la diligencia debida.

Problema 7. Daño al Fondo Común Municipal y presión creciente por envejecimiento demográfico

La exención de contribuciones a adultos mayores en la redacción actual del proyecto golpea al Fondo Común Municipal en aproximadamente $300 mil millones de pesos anuales. Esa cifra debilita el financiamiento de las comunas que más dependen de ese fondo, que son justamente las más pobres del país. El gobierno solo promete una compensación vía Ley de Presupuestos, pero no la incorpora como obligación legal automática y verificable. El CFA agregó una alerta adicional: el envejecimiento de la población ampliará estructuralmente la base de exentos en los próximos años, y la posibilidad de traspasar la titularidad de bienes raíces a personas mayores para acceder al beneficio puede multiplicar el número efectivo de propiedades exentas más allá de lo proyectado. La presión de gasto será creciente y permanente.

Problema 8. El IVA a la vivienda nueva: subestimación verificable y beneficio inmobiliario

La exención transitoria de IVA a la primera venta de viviendas nuevas, en su redacción actual, no garantiza que el ahorro tributario sea traspasado íntegramente al comprador. La incidencia directa del beneficio recae en las empresas constructoras e inmobiliarias que mantienen aproximadamente cien mil unidades de stock acumulado. A esto el CFA sumó un sesgo metodológico crítico: el costo fiscal de la medida fue calculado usando como base las ventas de viviendas de 2024, año que según la Cámara Chilena de la Construcción fue un mínimo histórico de la última década, con 40.715 unidades vendidas frente a un promedio anual de 57.999 entre 2014 y 2023. Es decir, 30% bajo el promedio. El costo real de la medida será sistemáticamente mayor al declarado en el informe financiero del Gobierno.

Problema 9. Reintegración total: 800 millones de dólares anuales directo al 1% más rico

La reintegración total del sistema tributario propuesta en el proyecto tendría un costo fiscal cercano a 800 millones de dólares anuales. Esa medida permite que los dueños del gran capital descuenten íntegramente el impuesto pagado por sus empresas contra sus impuestos personales. La incidencia directa del beneficio recae en el tramo de mayores ingresos del país, donde según el propio Ministerio de Hacienda más del 85% de los ingresos provienen de rentas del capital. En el 0,01% más alto, esa proporción alcanza prácticamente el 100%.

Problema 10. Cuarta amnistía tributaria en quince años: el deterioro estructural del cumplimiento

El proyecto contiene dos amnistías tributarias simultáneas. El impuesto sustitutivo del 10% sobre las utilidades acumuladas en el FUT histórico opera como un perdonazo a quienes durante décadas postergaron la tributación de sus utilidades al amparo del régimen anterior. El régimen extraordinario de declaración y repatriación de capitales con tasa rebajada del 10% bonifica a quienes en algún momento sacaron sus capitales del país, sin excluir explícitamente bienes vinculados a investigaciones penales por delitos tributarios, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Pero el problema mayor es estructural: el CFA recordó que esta sería la cuarta amnistía tributaria de este tipo aplicada en Chile en los últimos quince años (períodos 2015-2017, 2020-2022, 2024-2025, y ahora). La reiteración genera incentivos perversos. Los contribuyentes aprenden a postergar la declaración de activos esperando la próxima regularización con tasa baja. Eso erosiona el cumplimiento tributario estructural, vulnera la equidad horizontal entre contribuyentes que sí cumplen, y financia gasto permanente con ingresos transitorios.

CONCLUSION DE LAS OBSERVACIONES NEGATIVAS DEL PROYECTO:

La presentación del CFA del 5 de mayo de 2026 ocurrió al día siguiente del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional. Los dos organismos con mayor autoridad de supervisión fiscal sobre Chile, uno externo y uno interno, coinciden en el diagnóstico central. El proyecto presenta riesgos fiscales estructurales que el informe financiero del Gobierno no refleja adecuadamente, y el esfuerzo de consolidación fiscal declarado es insuficiente para cumplir las metas de deuda y balance estructural comprometidas.

Asimetría del riesgo. Es el argumento técnico más poderoso del informe del CFA. Los costos fiscales del proyecto se materializan con alta certeza desde el primer año de vigencia. Los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento son graduales, inciertos y condicionales a que múltiples parámetros se comporten según el escenario optimista del Gobierno. El propio CFA lo dice con todas sus letras: el costo de sobreestimar los ingresos dinámicos —mayor déficit, más deuda, riesgos para la sostenibilidad fiscal— excede el costo de subestimarlos. La prudencia fiscal exige ser conservador con los beneficios proyectados.

El déficit real podría ser entre dos y tres veces mayor al declarado. Esa es la conclusión cuantitativa del CFA tras integrar los nueve riesgos directos y los dos riesgos indirectos identificados. El organismo creado por ley para proteger la sostenibilidad fiscal de Chile le dice al Congreso que este proyecto no está adecuadamente financiado. Cualquier respuesta del Ejecutivo que descalifique al CFA sin refutar sus cifras específicas carecerá de sustento técnico. Las indicaciones que presentaremos constituyen nuestra propuesta concreta para corregir cada uno de estos problemas, ya sea suprimiendo medidas regresivas, condicionando los beneficios al capital, o incorporando contraprestaciones verificables a favor de la mayoría del país.

IV. Un gran acuerdo nacional por el crecimiento y el desarrollo.

Los parlamentarios socialistas que presentamos esta propuesta anunciamos que votaremos en contra de esta Ley de los Super Ricos porque está mal construido, pero estamos disponibles para un gran acuerdo de desarrollo, empleo inversión responsable y justicia tributaria. Apoyamos que Chile crezca y lo consideramos urgente. Votaremos en contra porque Chile necesita desarrollo, y el proyecto, tal como está, es fiscalmente inviable, distributivamente regresivo y carece de las contraprestaciones mínimas que un beneficio tributario de esta magnitud debiera exigir al capital concentrado. El proyecto  del gobierno lleva a Chile a un abismo fiscal, empuja la deuda y los recortes sociales, profundizando la desigualdad social.

Esta propuesta es una invitación. Chile necesita un debate nacional sobre desarrollo económico que vaya más allá del recetario neoliberal de rebajar impuestos al capital y desregular la inversión. La economía chilena del próximo cuarto de siglo se juega en otra parte: en la matriz energética, en la seguridad hídrica, en la productividad de las pymes, en la capacidad científica y tecnológica del país, en la educación pública, en el cuidado, en el empleo formal y de calidad, en la institucionalidad ambiental, en la vitalidad del municipio y en una nueva arquitectura de financiamiento territorial. Ese debate es el que ponemos sobre la mesa con este documento.

Quien vote a favor del proyecto del Gobierno sin exigir modificaciones como las que aquí proponemos deberá explicarle a Chile por qué aceptó rebajas tributarias para el 1% más rico mientras rechazaba alivios concretos para las familias que viven endeudadas, para las pymes que necesitan modernizarse, para las regiones que esperan inversión productiva, y para los municipios que sostienen la red de protección social del país. Esa explicación quedará en el registro legislativo y será juzgada por las generaciones que vienen. Votamos en contra de la idea matriz porque el proyecto está diseñado para beneficiar al 1% más rico. Y presentamos indicaciones porque tenemos una responsabilidad con Chile: si el Gobierno insiste, vamos a obligarlo a discutir alivio familiar, empleo digno, pymes, municipios, regiones y justicia tributaria.

El Presidente debe retirar este proyecto y convocar un acuerdo serio por crecimiento, empleo, inversión responsable y justicia tributaria. Los parlamentarios socialistas que presentamos esta propuesta estamos disponibles para discutir aquí y ahora, una propuesta que lleve a Chile al lugar donde todos soñamos.

Documento presentado por los parlamentarios y las parlamentarias socialistas:

DANIEL MANOUCHEHRI LOBOS

Diputado de la República

NELSON VENEGAS SALAZAR

Diputado de la República

                                                            CÉSAR VALENZUELA

Diputado de la República

JUAN SANTANA CASTILLO

Diputado de la República

CAROLINA CUCUMIDES

Diputada de la República

EMILIA NUYADO ANCAPICHÚN

Diputada de la República

ANDREA MACÍAS PALMA

Diputada de la República

FRANCISCO CRISOSTOMO

Diputado de la República

RAÚL LEIVA CARVAJAL

Diputado de la República

DANIELLA CICARDINI MILLA

Senadora de la República ·

ANTONIO RIVAS

Diputado de la República

MARCOS ILABACA

Diputado de la República

DANISA ASTUDILLO

Senadora de la República ·

GASTON SAAVEDRA

Senador de la República ·

ALFONSO DE URRESTI

Senador de la República